El Observatorio

Se tramita una Proposición de ley para ajustar el ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre discapacidad

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley defendida por el diputado Francisco Vañó para ajustar el ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Discapacidad. La proposición apuesta por crear una nueva ley para mejorar el acceso al trabajo de los ciudadanos con discapacidad; por elevar del 5 al 7% las ofertas de empleo público para este colectivo; por eximir de pagar peaje en las autopistas a las personas con discapacidad, y por considerar infracción grave y castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en las plazas reservadas para conductores con discapacidad.

Con respecto al empleo, el texto es partidario de elevar la reserva pública de empleo desde el 5 al 7%, y destinar un 2% de ese 7% al empleo de personas con discapacidad intelectual. En el ámbito de la vivienda, la proposición aboga por pasar del 3 al 6% en la reserva de construcciones sociales y de protección oficial adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Por otra parte, el texto insta al Gobierno a regular auditorías previas de accesibilidad en todas las obras financiadas por la Administración General del Estado y a evaluar el grado de accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios que establece la norma.

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