El Observatorio

¿Qué es el comercio justo? La contratación pública responsable

El comercio justo es un movimiento internacional que quiere responder a las injusticias del comercio internacional convencional y que se compromete con la soberanía alimentaria y el desarrollo de los países subdesarrollados.

Nace para garantizar que los productores de países subdesarrollados puedan acceder a una relación comercial justa y tengan un precio que refleje no sólo los costes reales de producción y de trabajo, sino que haga posible una producción socialmente justa y medioambientalmente viable. La Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo, 2005/2245 (INI) reconoce las características que definen el comercio justo.

La contratación pública responsable

La compra pública responsable se basa en la contratación de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y acordes con la justicia social. Para que eso pase, la compra debe tener una serie de características y cumplir con una serie de criterios que le den este carácter.

Brevemente los podríamos resumir así:

Criterios ambientales con prácticas tales como evitar la producción de residuos comprando productos con una vida útil más larga, adquisición de productos al por mayor, reducción del consumo de recursos (energía, agua, bienes consumibles), etc.

Criterios sociales que fomenten la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social, den apoyo a la economía social y cumplan (incluso superando las exigencias normativas) con la legislación vigente en materia de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad

Criterios éticos relacionados con la transparencia en el origen geográfico de los productos y en toda la cadena de suministros, de cumplimiento de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo o de apoyo a los productos y a las organizaciones del comercio justo como alternativa para garantizar condiciones laborales dignas y de respeto por el medio ambiente El comercio justo busca garantizar que los productores de los países subdesarrollados puedan acceder a condiciones comerciales más justas al conseguir que el precio refleje los costes reales de producción y de trabajo. En este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo, 2005/2245 (INI) establece las características que lo definen.

Los beneficios de una compra pública más socialmente responsable puede tener importantes repercusiones sobre el medioambiente y sobre la equidad social. Desde el punto de vista de la Administración, ésta también resulta beneficiada si tenemos en cuenta que, en coherencia con lo que se propugna para otros, se convierte en un referente positivo para las empresas y para la sociedad. Sin mencionar el posible ahorro que puede representar establecer medidas de sostenibilidad de manera anticipada a una posterior legislación en el mismo sentido.

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