El Observatorio

Informe del Consejo General del Poder Judicial. Los mayores y los discapacitados, principales víctimas del maltrato

 Los ancianos y las personas con alguna discapacidad  integran el colectivo que sufre más los malos tratos y abusos, tanto a nivel físico como, en buena parte, psicológico y hasta económico, y todoello junto a un «trato denigrante». Éste es uno de los análisis destacados en el informe «Persona mayores vulnerables: maltrato y abuso» realizado ainstancias del Consejo General del Poder Judicial.

El dictamen parte de considerar que la legislación por sí misma no evitará situaciones de abuso, marginación o malos tratos, por lo que habrá que establecer «mecanismos de control en las instituciones para  los que estén ingresados y revisiones por parte de los servicios sociales próximos a los que permanezcan en sus domicilios». Y, además, habrá que realizar un seguimiento que prevenga y evite que las situaciones susceptibles de riesgo en este tipo de casos se consumen.

En esta línea, se aboga por implantar el «respiro familiar» en los casos en que el mayor dependiente sea atendido por su propia familia y, en caso de se trate de una institución, una «adecuada  rotación y ajuste de trabajo para el personal» que allí trabaja. El  objetivo de esta medida es evitar que se pueda llegar a «la saturación»,  y, de esa forma, poder controlar situaciones «que de mucho forzarlas pueden convertirse en peligrosas, por supuesto para el más débil, el  mayor».

Otro aspecto relevante, y a la vez preocupante, es la baja detección de estos casos de maltrato y violencia en las personas mayores. La causa de ello, se señala en el informe, es porque «casi el 100%» de esos casos se produce «por personas muy cercanas a la víctima, familiares y cuidadores».

Pero también influye notablemente el hecho de que esa  personas sienten, generalmente, «temor o vergüenza de hablar acerca del  maltrato», toda vez que han perdido la autoestima y confianza en sí mismos.

«La persona mayor suele encubrir al maltratador, sobre  todo si es un familiar cercano o su único cuidador. La idea de perder a su cuidador y quedarse sin nadie o de poder causarle un daño a un hijo/a o  familiar les produce un terrible rechazo», pone de relieve el citado informe. La consecuencia es que «casi nunca notifican el matrato»  con lo que ni las autoridades policiales ni judiciales pueden actuar. Con una frase muy gráfica se define esta situación: «El camino que lleva a los juzgados o a las comisarías no tiene un fácil recorrido para las personas mayores».

Por ello, lo fundamental es detectar la existencia de ese maltrato, «porque la víctima no denuncia la situación». El anciano sufre  el «síndrome de Estocolmo», toda vez que depende de su cuidador. De aquí la importancia de que los trabajadores de los centros donde estén ingresados se mantengan «alerta» ante esas posibles situaciones.

«Comunicar al juez –cuando piensen que una persona mayor puede ser víctima  de maltrato– es una obligación de todos los trabajadores. No es una denuncia», incide el dictamen.

 Por otro lado, y tras destacarse que el riesgo de maltrato hacia ese colectivo por parte del cuidador se da «incluso» en los centros especializados donde el anciano está internado, esta dramática  situación afecta a todas las clases sociales. «Incluso los ancianos con nivel económico alto no van a escapar a formas diversas de maltrato».

 Así, se producen situaciones en que los más allegados «se  disputan a veces su proximidad guiados por el interés de lo que les pueden sacar en vida y cómo influir para verse favorecidos en la futura herencia.

Las peleas entre unos y otros, las presiones y los falsos comportamientos van a ser percibidos ocasionando disgustos y creando una mayor vulnerabilidad, cuando no un maltrato directo». Esta problemática deriva en situaciones de riesgo «que conducen frecuentemente al maltrato, al menos psicológico».

Otro apartado relevante del informe encargado por el CGPJ es el relativo al «abuso económico que padecen esas personas, relativo no sólo al uso ilegal o indebido de sus propiedades, dinero, etc., sino  también cuando se les niega el control directo sobre su patrimonio. Esas situaciones suelen ir acompañadas también de abuso físico o psíquico, «a través del cual se crea a su alrededor un ambiente de sumisión a la pretensiones del maltratador».

Estos casos de «abusos económicos» son cada vez más frecuentes y los maltratadores «suelen pertenecer a su círculo más  próximo, entorno familiar o cuidadores». Los casos más frecuentes consisten en falsificar la firma, cobrar sus cheques sin autorización,«llevar con amenazas o engaños al anciano a firmar un documento» o al uso  indebido de los poderes que haya otorgado.

 El último apartado del informe alude al «trato denigrante» a los ancianos y a las sujeciones farmacológicas y físicas, que se producen tanto en el «entorno doméstico» como en los centros  residenciales, situaciones que deben limitarse a las situaciones «extremas de peligro grave para la vida de la persona o de terceros».

Sin embargo, la realidad es que hay un número «muy elevado» donde se opta por esas «sujeciones» al anciano, «sin que exista  una justificación de tipo médico para realizarlas». Y, además, en  demasiados supuestos «existe una conveniencia del centro o un uso con fines disciplinarios».

En todo caso, esos métodos deben respetar la autonomía y dignidad de las personas, ser una medida temporal y llevarse a cabo por personal especializado «tanto técnica como humanamente», concluye el  informe.

Informa: www. larazon.es

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