Tras cinco años de idas y vueltas, el Parlamento uruguayo finalmente aprobó la ley para la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad. El senador de Alianza Nacional Ruperto Long, uno de los impulsores de la iniciativa, la calificó como ‘uno de los proyectos legislativos más importantes y ambiciosos en materia social’.
Algunos puntos centrales de la norma incluyen la creación de la figura del “asistente personal” para los casos de “discapacidades severas”, la prohibición de construir espacios públicos que no contemplen el concepto de accesibilidad y disposiciones similares para el transporte, entre otros.
Pocos días antes del final de su mandato, los parlamentarios completaron esta semana la aprobación del proyecto de ley para la protección integral de las personas discapacitadas.
Es una iniciativa que había sido presentada en el año 2005 y ahora, después de años de idas y venidas, se vuelve finalmente realidad. Con un detalle importante además: fue votada en la Asamblea General por unanimidad de presentes.
El texto obliga al Estado a adoptar medidas para atender y apoyar a personas con algún tipo de discapacidad y al mismo tiempo prevé incentivos para aquellas empresas que empleen a personas discapacitadas.
También incluye disposiciones sobre la accesibilidad, tanto para edificios como para espacios públicos o medios de transporte, un viejo déficit que Uruguay arrastra.
Según los datos del año 2004, los únicos oficiales con los que se cuenta por ahora, en Uruguay tienen algún tipo de discapacidad el 7,6% de la población, es decir unas 210.000 personas.
Informa: El Cisne (19/02/2010)
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