RIEDDH (Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos)

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Gracias a una gestión adelantada por el Ministerio de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y la Gobernación de Cundinamarca, se inauguró en Soacha la primera aula interactiva dirigida a las personas que padecen este tipo de discapacidad con el fin de ofrecerles la posibilidad de acceder de una manera más fácil al conocimiento.

La iniciativa forma parte de ‘Conectando sentidos’, un proyecto dirigido por el Ministerio de las TIC’s y la Asociación Colombiana de Sordociegos (Surcoe) con el propósito de promover el uso de las tecnologías para este importante sector de la población, abriendo la puerta para que niños, jóvenes y adultos puedan estudiar, navegar por internet y tener contacto con otras personas en la misma situación a través de equipos de última generación.

Cabe destacar que ‘Conectando sentidos’ fue creado en el 2007, tiempo desde el cual ha logrado inaugurar dieciséis aulas en el país, de manera que con la que se inaugura hoy jueves en Soacha ya son diecisiete los espacios creados para fortalecer la inclusión educativa, laboral y social de las personas con sordoceguera y discapacidad múltiple.

Para el caso del municipio, el aula será operada directamente por la Secretaría de Educación y Cultura, al respecto el jefe de esta cartera, Ignacio Castellanos, afirmó:La población sordociega no ocultó su satisfacción por tener a su alcance estas modernas instalaciones en las que no sólo podrán acercarse al mundo, sino además capacitarse en el uso y manejo de las TIC’s. Por otro lado ellos coincidieron en la importancia que tiene el hecho de que se empiecen a generar procesos de inclusión social, laboral y académica a partir de los cuales se demuestre que ellos ‘son parte primordial de la sociedad’.

Se espera que más adelante y antes de finalizar el actual periodo de Gobierno se puedan adelantar las gestiones necesarias para instalar nuevas salas interactivas en las demás comunas y corregimientos de Soacha. Actualmente en el municipio habitan 113 personas que padecen sordoceguera. Informa. El Cisne 23/12/2010

Dicha categoría establece una compensación mínima de 60 euros para cada receptor mientras que la prestación máxima será de 300 euros para aquellas personas que la reciban vinculada al servicio y de 180 para las que reciban cuidados en el entorno familiar.

En este sentido, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha considerado que del Consejo Territorial de este miércoles se pueden sacar “dos cosas buenas y una no tan buena”. Según Antón, el hecho de que de ahora en adelante las comunidades autónomas participen de manera más activa en la evaluación y el seguimiento de la ley es “positivo”. También lo es la promesa del Gobierno central de “normalizar los pagos pendientes de este año antes de que acabe el 2010 y garantizar que en el futuro no vuelva a haber retrasos”.

Sin embargo, no se ha mostrado de acuerdo con el modelo de financiación establecido para el desarrollo de la ley. Según el consejero, con la entrada en funcionamiento el próximo mes de enero del Grado I, nivel 2 de la Ley de Dependencia, “se vuelve a consolidar la carga de financiación de las CC.AA.”. En el caso de los servicios que comienzan a funcionar en 2011, el Estado garantiza el pago del nivel mínimo de prestación valorado en 60 euros, mientras que la cuantía máxima que el beneficiario puede llegar a recibir es de 300 euros. “De cada 5 euros, 4 los ponemos las CC.AA.”, ha asegurado.

GALICIA PIENSA QUE “TODO SIGUE IGUAL”

La consejera de trabajo y bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, también se ha mostrado satisfecha “con el mensaje de que se va a contar con las Comunidades en la evaluación de la implantación y el desarrollo de la ley”, siempre que tengan en cuenta, ha matizado, su “experiencia”.

No obstante, al igual que el consejero de Castilla y León, Mato ha mostrado su descontento ante el modelo de financiación y ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo “la modificación de la financiación de la Ley de dependencia”. En cuanto a esta demanda, la responsable de asuntos sociales de la Xunta ha asegurado que “seguimos exactamente igual”.

LA RIOJA VE ESCASA LA FINANCIACIÓN

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza, ha denunciado “una vez más” que, “como ocurre cada vez que entra un nuevo grado en vigor”, la aportación del Ministerio, ya de por sí “insuficiente, disminuye”, con lo cual “hay una distancia y una diferencia cada vez mayor entre lo que gasta o invierte en este momento cada comunidad autónoma” y lo que se recibe por parte del Ejecutivo.

“La aportación del Ministerio es de 60 euros por servicio para cualquier usuario que tenga derecho y reciba el servicio por parte de su Comunidad, y esta aportación no corresponde ni tan siquiera al 50 por ciento de los servicios que tienen las CC.AA.”, ha criticado.

La consejera riojana ha explicado, además, que en el caso de su territorio las diferencias son aún mayores, “abismales”, porque “es el Gobierno autonómico que más invierte por habitante al año en el sistema de dependencia. Mientras que la media nacional “ronda los 102 euros por habitante y año”, en La Rioja se destinan casi “180 euros para cada receptor”, por lo que la aportación del Ministerio resulta escasa, sobre todo en relación con otras Comunidades, cuya aportación no supera los 33 euros por individuo, ha referido.

“Entonces, las diferencias son muy importantes desde el primer día en que se puso en marcha la Ley de Dependencia. No solamente porque lo hemos dicho todas las Comunidades, sino porque además somos también consejeros de otras áreas sociales y hay que dedicar un esfuerzo indudablemente a ejecutar los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad”, ha argumentado Loza.

Dicho esto, la consejera ha certificado que el nuevo grado, para el cual “ya hay 1.400 receptores” en espera, “está preparado para que el 1 de enero, quien haya sido valorado y reconvierta sus solicitud a través del Programa Individual de Atención (PIA), pueda recibir las ayudas pertinentes por parte del Gobierno de La Rioja”.

ARAGÓN NO VE NINGÚN PROBLEMA

En otro línea distinta se ha expresado la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana María Fernández, quien ha destacado la sintonía alcanzada en la reunión y la aprobación “por unanimidad” de la actualización del nivel mínimo y de la incorporación del nuevo grado de dependencia por parte de todas las CC.AA., al tiempo que ha asegurado que en el caso de Aragón el retraso en los cobros de la financiación no tienen “ningún inconveniente” puesto que las Comunidades “cuentan ya con esas cantidades”.

“En Aragón no habíamos detectado este problema, teníamos cobrado el mes de septiembre, y octubre y noviembre están a punto de cobrarse”, ha señalado la consejera aragonesa, que, en este sentido, ha remarcado que “no hay problema ninguno porque la contabilidad está muy clara”. “Si lo que se cobra un mes lo cobramos al mes siguiente pues no supone ningún inconveniente”, ha precisado. Informa: EuropaPress 23/12/2010

En concreto, la muestra se podrá ver en Expometro de Madrid (Metro Retiro, línea 2) en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, según especifica la fundación.

Codespa recuerda que, de las 1.200 millones de personas que están sumidas en la pobreza, aproximadamente el 70 por ciento lo constituyen las mujeres. La condición de pobreza que viven las mujeres y niñas en todo el mundo está relacionada a una múltiple discriminación (por razón de sexo, raza, cultura, o etnia, entre otras) y a la falta de reconocimiento y de ejercicio de su ciudadanía.

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre estos problemas, Fundación Codespa organiza esta exposición desde una perspectiva “positiva y esperanzadora”. La muestra se enmarca dentro de un convenio, desarrollado por Fundación Codespa y financiado por la AECID para promover la integración económica de mujeres de escasos recursos en América Latina.Informa: Europa press 23/12/2010

Así, la Fiscalía determina que, como derecho fundamental, la capacidad de participación pública sólo puede privarse mediante una sentencia judicial que así lo aclare expresamente. Además, explica que la limitación de sufragio habrá de acreditarse mediante la actividad probatoria suficiente, que el estado físico y psíquico del afectado le imposibilita para decidir de forma libre y consciente sobre quien ha de representarle en los asuntos públicos a los que se refiere el derecho de sufragio activo.

Del mismo modo, la Fiscalía ordena que se modifique el proceso de incapacitación judicial, conocido como el ‘médico o rehabilitador’, por el modelo “social de dioscapcidad”, de manera que el curador, que actualmente “suple” la voluntad de la persona afectada y “le representa” pase a ser “un complemento” a sus limitaciones mediante el “apoyo y la asistencia” en aquellos actos que se especifiquen en una sentencia. Con estos cambios, la Fiscalía pretende mantener “en todo momento” la capacidad de la persona de tomar sus decisiones

En la instrucción se explica que se debe realizar un análisis concreto de la situación de la persona cuya capacidad se cuestiona, es decir, se personalizan las medidas. En este sentido, pide que se evite en las informes fórmulas de carácter “genérico o estereotipado”.

Entre las pruebas pertinentes, la Fiscalía General destaca que se le dará una mayor importancia al nivel de las habilidades para el desarrollo de la vida cotidiana y personal e independiente, como asearse, usar medios de comunicación o limpiar. Además, se deberá evaluar otras habilidades como el control de cuentas bancarias, manejo del dinero de bolsillo o gastos cotidianos. Finalmente, los fiscales valorarán las habilidades de índole sanitario, referidas al propio autocuidado y manejo de medicamentos; y sociales, como pasear o decidir su lugar de residencia.

Además, se deberá solicitar la práctica de una prueba pericial para que los servicios sociales y un médico forense examinen a la persona y se podrá efectuar “sin necesidad de esperar a la celebración de la vista”.

Teniendo en cuenta la valoración, la Fiscalía señala que se deben desarrollar las acciones pertinentes para “garantizar que las funciones de legalidad” sean ejercidas en términos de mayor eficacia. Ésto implica que, si el papel de curador lo ejerce un miembro de la familia, los fiscales deben estar “vigilantes” de que se cumpla la normativa y de facilitar toda la información posible para que esto ocurra.

LOS CAMBIOS NO DEROGAN LA ACTUAL NORMATIVA

Todas estas reformas se deben aplicar, según ha señalado la Fiscalía, para adaptarse a las previsiones de la Convención Internacional sobre derechos de las Personas con Discapacidad. Además, apuntan que estos cambios no supondrán la derogación de la regulación vigente, pues, según explican, la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional se orienta a compatibilizar dicha regulación con los postulados y principios informadores de la convención.

De este modo, señala que el régimen jurídico de España ya se venía adaptando a las conveniencias y necesidades de protección de las personas más vulnerables por cuestiones de edad o situación de discapacidad, con el objetivo de procurarles atención especializada y el amparo necesario para el disfrute de sus derechos fundamentales.

Informa: EuropaPress 23/12/2010